La expropiación de los ferrocarriles, firmada por el Ejecutivo el 23 de junio de 1937 y publicada al día siguiente en el Diario Oficial, fue la primera de las nacionalizaciones efectuadas por el gobierno del General Lázaro Cárdenas. Aunque gobiernos previos habían tomado cierto control sobre las empresas ferroviarias, y el Estado poseía, desde 1908, el 51% de las acciones de ferrocarril en el país, lo cierto es que la presencia de capitales extranjeros en ellas había llevado a que el Estado mexicano perdiera recursos al verse presionado por los extranjeros para recibir subsidios, exenciones fiscales y apoyo para controlar a los trabajadores que demandaban mejores condiciones laborales. Tras la revolución, la industria ferroviaria nacional se encontraba en muy mal estado. Así pues, en vista de la importancia estratégica de contar con buenas vías de comunicación, se tomó la decisión de nacionalizar a la empresa Ferrocarriles Nacionales de México S. A.
El decreto de nacionalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 1937 es muy claro con respecto a los motivos que se consideraron para su aplicación.
Una primera cuestión señalada es la utilidad pública. El hecho de que la empresa ferroviaria estuviera “organizada como una empresa de tipo capitalista, es decir, con propósitos predominantemente lucrativos” se contraponía con el objetivo cardenista de hacer de ella una empresa de “una franca orientación de servicio público, suprimiendo todo propósito lucrativo” que proporcionara un servicio eficaz y consiguiera ampliar el tendido de vías férreas, cosas que no se habían conseguido en los años anteriores.
